Editorial: El gobierno y la libertad de expresión.

Todo gobierno comienza su gestión creyendo que representa los legítimos intereses de la nación y finaliza su mandato persuadido que todo aquello que se le opone conspira contra ese interés, de allí que mire a las libertades de la prensa con antipatía y conjetura complots palaciegos.

En las democracias, los gobiernos son elegidos por el pueblo y son responsables ante él. Pero a la prensa no la elige nadie. La prensa se oferta al mercado sobre la base de la calidad de su producto y del prestigio de sus periodistas. Nadie obliga a nadie a leer un diario o escuchar un programa de radio o mirar un noticiero de televisión. Mucho menos, a creerle.

Las recientes palabras de la senadora Cristina Fernández (“Hay censura de prensa. Somos censurados por los periodistas que publican la parte de los discursos que sirven a los discursos que ellos construyen”) suponen que no estamos viviendo en una sociedad democrática dentro del Estado de Derecho.

Decir que los periodistas censuran al Gobierno es invertir la historia de Occidente. Esta enseña que, inequívocamente, la prensa fue víctima de los gobiernos y que la libertad de opinar y criticar fue uno de las mayores conquistas, porque les permite a las sociedades controlar a sus autoridades.

En 1640, el rey Carlos I de Inglaterra, en medio de una aguda crisis económica, convocó al Parlamento: la primera medida que tomó el cuerpo fue abolir los permisos que había que obtener antes de publicar un escrito. Ese fue el primer paso para levantar la censura que silenciaba a la oposición. Y esa sabia prohibición de censura a la prensa, con los años, se convirtió en un principio fundamental de Occidente.

Una de sus leyes más antiguas, con rango constitucional, es la ley de libertad de prensa, de 1766. Ese texto reconoce expresamente un derecho que a nuestras autoridades les causaría escozor: todas las personas, incluso los funcionarios públicos gozan del derecho de comunicarse en forma reservada con la prensa y brindarle información sobre asuntos de gobierno. Ninguno puede ser perseguido penalmente por ello, aun cuando la información que hayan dado a la prensa fuese reservada o secreta, con excepción del caso de alta traición o espionaje.

Apenas unos años más tarde, la Constitución de los Estados Unidos (fuente de inspiración de nuestra propia ley fundamental) prohibió expresamente al Congreso dictar leyes que restringieran a la prensa. En 1787, Thomas Jefferson dijo: “Entre un gobierno sin periódicos y periódicos sin un gobierno, no titubearía ni un momento en elegir esto segundo”.

La censura no sube de la prensa o de la sociedad hacia el poder, sino que baja del poder hacia la base. Es el poder, con su amplio presupuesto, con sus recursos políticos y con métodos no siempre ortodoxos, el que tiene la fuerza para imponer el silencio.

Occidente nos ofrece muchas democracias frente a las que podemos compararnos y medirnos. La prohibición de censurar es una garantía para proteger a la prensa y a los ciudadanos frente a un gobierno; no al revés.

En un país donde no existe ley de acceso a la información; donde los decretos de necesidad y urgencia, los superpoderes y la emergencia son la regla, y donde la oposición está dispersa y desarticulada, la libertad de pensar y opinar adquiere un valor fundamental.

La tarea del periodismo independiente es preguntar, investigar y cuestionar para encontrar, si la hubiera, una verdad distinta de la que se le pretende hacer ver. Eso no es ser opositor. Es cumplir con el rol constitucional de controlar al poder por la salud de las instituciones de la República.