
El Dr. Rodolfo Terragno (radical independiente) acaba de protagonizar una curiosidad parlamentaria: tomó como propio, y presentó de nuevo en el Congreso Nacional, el mismo proyecto de control de los “decretos de necesidad y urgencia” que redactó la hoy senadora (y esposa del Presidente) Dra. Cristina Fernández en 2000, cuando era diputada opositora.
Esta picardía política expone las contradicciones de los gobiernos. Quienes han ejercido desde 1983 el poder…
1) Obstaculizaron, mediante diferentes ardides burocrático administrativos, que hubiera una ley para controlar los “decretos de necesidad y urgencia”. Piense Usted que desde 1994 se presentaron 87 proyectos de ley para crear la referida Comisión Bicameral de control al gobierno conforme lo dicta la C. N. hoy vigente. Ninguno prosperó nunca.
Esta picardía política expone las contradicciones de los gobiernos. Quienes han ejercido desde 1983 el poder…
1) Obstaculizaron, mediante diferentes ardides burocrático administrativos, que hubiera una ley para controlar los “decretos de necesidad y urgencia”. Piense Usted que desde 1994 se presentaron 87 proyectos de ley para crear la referida Comisión Bicameral de control al gobierno conforme lo dicta la C. N. hoy vigente. Ninguno prosperó nunca.
Transcurrieron casi 12 años desde que se produjo la última reforma de la C. N., en 1994. Todavía no existe la Comisión Bicameral que ordenó expresamente crear el Artículo 99 inciso 3, para controlar al gobierno. Esto significa que no existe el mecanismo de auditar, de manera que los legisladores no pueden oponerse ni aprobarlas
¿Es una desidia gubernamental? ¿O se trata de una conveniencia política del gobernante circunstancial para tener a su disposición un recurso de decidir por sí, de legislar, sin intervención de la oposición? Después, una vez consumada la decisión ante la opinión pública, se requiere una ratificación formal de los legisladores… ¿Por qué no se pueden seguir los trámites ordinarios de sanción de las leyes?
2) Todos -unos más desembozadamente, otros con más discreción- dictaron “decretos de necesidad y urgencia”. Frente a los escasos 25 que se habían dictado desde 1853 hasta el retorno de la democracia… El Dr. Raúl Alfonsín durante su gestión (1983-1989) firmó 10. El Dr. Carlos S. Menem dictó 545 en 10 años. El Dr. Fernando de la Rúa firmó 73 entre 1999 y 2001. El Dr. Eduardo Duhalde firmó 158 en 2 años. El Presidente ya dictó 150 en sus 35 meses de gobierno.
El tema se actualizó en estos días por la re-estatización de Aguas Argentinas que dispuso el gobierno. La rescisión del contrato es un decreto común, y será revisado en el Congreso Nacional por la Comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Allí no radica el problema.
Pero la creación del organismo estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) se hizo a través de un “decreto de necesidad y urgencia”. Ahora se busca ratificación legislativa. Mientras tanto, como no se creó el mecanismo, no hay quién haga el control.
Entonces, volviendo al párrafo inicial, ¿lo que ayer era negativo para las instituciones de la República y deterioraba la calidad democrática, hoy es válido y positivo?
Estamos hastiados de discursos vacíos, inconsistentes, demagógicos. ¿Los políticos no advierten el hartazgo de la población? Si lo hacen, evidentemente lo desestiman con desenfado. Si, en cambio, no lo hacen, además de incongruentes son torpes. Ninguna de estas hipótesis nos debieran satisfacer. Hay razones tangibles para desconfiar de quienes administran la cosa pública.
¿Es una desidia gubernamental? ¿O se trata de una conveniencia política del gobernante circunstancial para tener a su disposición un recurso de decidir por sí, de legislar, sin intervención de la oposición? Después, una vez consumada la decisión ante la opinión pública, se requiere una ratificación formal de los legisladores… ¿Por qué no se pueden seguir los trámites ordinarios de sanción de las leyes?
2) Todos -unos más desembozadamente, otros con más discreción- dictaron “decretos de necesidad y urgencia”. Frente a los escasos 25 que se habían dictado desde 1853 hasta el retorno de la democracia… El Dr. Raúl Alfonsín durante su gestión (1983-1989) firmó 10. El Dr. Carlos S. Menem dictó 545 en 10 años. El Dr. Fernando de la Rúa firmó 73 entre 1999 y 2001. El Dr. Eduardo Duhalde firmó 158 en 2 años. El Presidente ya dictó 150 en sus 35 meses de gobierno.
El tema se actualizó en estos días por la re-estatización de Aguas Argentinas que dispuso el gobierno. La rescisión del contrato es un decreto común, y será revisado en el Congreso Nacional por la Comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Allí no radica el problema.
Pero la creación del organismo estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) se hizo a través de un “decreto de necesidad y urgencia”. Ahora se busca ratificación legislativa. Mientras tanto, como no se creó el mecanismo, no hay quién haga el control.
Entonces, volviendo al párrafo inicial, ¿lo que ayer era negativo para las instituciones de la República y deterioraba la calidad democrática, hoy es válido y positivo?
Estamos hastiados de discursos vacíos, inconsistentes, demagógicos. ¿Los políticos no advierten el hartazgo de la población? Si lo hacen, evidentemente lo desestiman con desenfado. Si, en cambio, no lo hacen, además de incongruentes son torpes. Ninguna de estas hipótesis nos debieran satisfacer. Hay razones tangibles para desconfiar de quienes administran la cosa pública.




